Familiares y allegados a Marisa Galaz, víctima de abusos durante su infancia, entre los 4 y los 11 años, por parte de su propio tío, Marcelo Galaz, quien era funcionario de la Municipalidad de Avellaneda, se movilizaron a los Tribunales de Reconquista contra la reinstalación en su cargo del fiscal Aldo Gerosa, quien fue suspendido por la Legislatura santafesina por 180 días, acusado de haber armado una red de protección sobre quien revistó como secretario del actual diputado provincial Dionisio Scarpin cuando era intendente. De la protesta también participaron manifestantes vinculados a otros casos de abusos, por los cuales acusaron al funcionario judicial de haber dilatado investigaciones, revictimizado a quienes padecieron los ataques y avanzado en resoluciones que claramente beneficiaron a sus perpetradores.

Natalí Romero y Silvana Galaz, acompañadas por el concejal de Avellaneda Aldo González, citaron que “se cumplen 180 días de la suspensión del fiscal Gerosa”, y mostraron su preocupación ante la posibilidad de que el próximo 1º de junio vuelva a ejercer sus funciones en el Ministerio Público de la Acusación. “Ahora hay una nueva denuncia contra Aldo Gerosa”, remarcaron y recordaron que fue presentada por el diputado Fabián Palo Oliver en la Legislatura el pasado 20 de marzo, y que a su vez se cursó al auditor de fiscales Leandro Mai.

Según el relato, el hecho denunciado conforma una carpeta judicial que se tramitó ante la Oficina de Gestión Judicial de Reconquista por un caso de presunto abuso intrafamiliar contra una niña de 13 años de mayo de 2015, por parte de su padrastro.

Las mujeres recordaron el fiscal llamó a la víctima a declarar en Cámara Gesell “recién en 2017” y que tras el testimonio una psicóloga dictaminó que lo narrado por la niña “era creíble y compatible con el abuso sexual”.

“No obstante, Gerosa seguía sin hacer nada”, destacaron, resaltando que el fiscal no citó al denunciado, que seguía compartiendo techo con sus denunciantes. Ante la presión de la familia, “le toma declaración una tarde en Fiscalía y lo deja ir, sin absolutamente ninguna restricción”, aseguraron.

“Recién en el año 2020, cinco años después, Gerosa hace oficial la acusación, donde pide 16 años y «a lo típicamente Gerosa», ofrece una salida alternativa de juicio abreviado con una pena de 10 años para el acusado, mientras la víctima seguía presa del constante acoso del agresor”, completaron las denunciantes.

Además marcaron que el fiscal imputó a la madre de la niña como cómplice, “después de que insistiera constantemente en que la Fiscalía no hacía nada y que el abusador seguía acosándolas”. Finalmente “se llegó a un juicio abreviado con 3 años de condena para el padrastro abusador”, cuando la niña ya era mayor de edad, quien “ante obviamente tanto manoseo y revictimización”, firmó su conformidad.

Romero y Silvana Galaz también sumaron que “esta nueva denuncia hace dos meses que da vueltas” en la Legislatura. “Nos preguntamos, ¿qué sucede? ¿Debemos temer otra protección política? ¿Éste es el fiscal que el 1º de junio vuelve a esclarecer hechos de violencia y abuso?”.

Ambas reclamaron a las y los legisladores santafesinos que “es su función y obligación esclarecer esto”.

“Nos deben a nosotros los ciudadanos una respuesta, y hoy acá no hay ningún diputado provincial”, lamentaron, y exigieron que “no se reintegre al fiscal Gerosa hasta ser esclarecida esta nueva denuncia, que reitera cómo opera”. Y se preguntaron “qué dice el fiscal regional (Rubén) Martínez, ya que firma estos abreviados también”.

Finalmente ambas anunciaron que ingresará una nueva denuncia contra el fiscal Gerosa, que involucra a “dos niñas que esperan justicia hace 7 años en causas estancadas”, mientras “el abusador sigue viviendo con ellas”.

Tanto Romero como Galaz se presentaron como familiares de víctimas de abuso que vienen acompañando y transitando todos estos procesos. Al hablar también en representación de la madre de la víctima del Caso Galaz subrayaron: “Ella se encuentra con su hija en un estado de salud muy delicado; enfermedad que transita y fue diagnosticada por el estrés y maltrato recibido durante la investigación de su causa”.

Con todo, según publicó el sitio InfoVera, el ex fiscal Rodrigo González, que fue colega de trabajo de Gerosa en la Unidad Fiscal Reconquista, presentó este 9 de mayo una denuncia formal contra él ante el auditor del MPA, por el último caso. Y pidió que “ante la inminente reincorporación” de Gerosa sea secuestrado el legajo fiscal y la carpeta judicial para “evitar pérdidas y/o manipulaciones”.

“Gerosa ha causado un gravísimo daño a la persecución penal por no haber cumplido debidamente las actuaciones procesales a su cargo. Resulta ofensivo que dilate innecesariamente la investigación hasta adquirida la mayoría de edad de la víctima y que esta prefiera firmar una salida alternativa para no exponerse a un juicio público sobre su ataque sexual”, sostuvo González.

“Es una actitud deleznable de un funcionario contra una víctima de acoso sexual, situación que es reiterada y grave”, sostuvo el ex fiscal, recordando que Gerosa era el jefe de la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género”. Y deslizó también sospechas sobre los superiores de Gerosa, “sin cuyo apoyo no podría haber hecho lo que hizo”.