Una causa penal que interfiere en el futuro de la empresa

En el marco de los 20 allanamientos realizados la semana pasada por Gendarmería Nacional fueron apresados Daniel Néstor Buyatti, expresidente de la compañía; Roberto Alejandro Gazze, exgerente financiero; Omar Adolfo Scarel; también expresidente del directorio; y Alberto Julián Macua, exdirectivo de peso en la firma.

>En ese sentido, se definirá que nuevos delitos les imputa la Fiscalía. Según lo trascendido, se solicitará que sigan presos de manera preventiva.

>A su vez, otros 15 exdirectivos y accionistas fueron convocados a la audiencia de hoy, incluyendo a Máximo Javier Padoan, Cristian Andrés Padoan, Martín Sebastián Colombo Boschi, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin, Yanina Colombo Boschi, Daniel Oreste Foschiatti, Fernando Estanislao Bougain, Carlos Alecío Sartor, Diego Ceferino Boschi, Alberto Dimas Padoan, Facundo Persoglia, Javier Fernando Gazze y Miguel Víctor Vallaza.

>En un momento clave para el concurso de acreedores, donde la compañía se debate entre el salvataje y la quiebra, la detención de exdirectivos genera un escenario de incertidumbre. La causa es llevada adelante por los fiscales, Miguel Moreno, y Sebastián Narvaja, de la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quienes investigan los movimientos financieros y societarios previos al default y posterior convocatoria de acreedores de la agroexportadora en diciembre de 2019, que dejó deudas por más de 1.500 millones de dólares. La audiencia será presidida por un tribunal colegiado integrado por los jueces Nicolás Foppiani, Valeria Pedrana y Gonzalo Fernández Bussy.

>Se espera que durante la sesión se determinen las imputaciones específicas y se evalúe la situación procesal de cada uno de los involucrados en esta causa que ha generado gran repercusión en el ámbito económico y judicial del país.

Aceiteros en alerta
Las detenciones encendieron alarmas en el Sindicato de Aceiteros. Al respecto, su secretario general, Daniel Succi, aseguró que la situación es crítica y que el futuro inmediato de los trabajadores está en duda. Mientras el conflicto judicial avanza y se espera la definición sobre la situación de los detenidos, el sector aceitero sigue en vilo. La caída de la estructura administrativa de Vicentin pone en jaque no solo a la empresa, sino también a sus empleados, que temen por un nuevo golpe a sus ingresos. Luego de que la empresa responsabilizó a la Corte Suprema de Santa Fe por la caída del acuerdo con parte de sus trabajadores, hay 3.000 trabajadores que aún no cobraron el último cuarto de su sueldo.

**Familiares y directivos alrededor de una «asociación ilícita»
Son 17 los apuntados por Narvaja y Moreno en relación a las maniobras de vaciamiento y fraude.

>Entre ellos, está Daniel Néstor Buyatti, radicado en Rosario. A él, ex presidente del directorio de Vicentin, le atribuyen 49 hechos delictivos y lo consideran jefe de una asociación ilícita creada para cometer 43 estafas y administración fraudulenta.

>Buyatti está casado con una familiar de los fundadores de la agroexportadora, Geraldín Vicentin. Le descubrieron, a nombre de ambos, una cuenta en Suiza que para 2020 atesoraba 450.000 dólares. La pareja transfirió luego el dinero a sus tres hijos, en concepto de donación, para deshacerse de una prueba del beneficio patrimonial de los delitos cometidos.

>Otro es Roberto Alejandro Gazze, nacido en Reconquista pero radicado en Funes, ex director de Administración, Finanzas y Recursos Humanos de la empresa.

>También piden condena para Roberto Oscar Vicentin, residente en Avellaneda, , a quien le achacan 49 hechos delictivos como miembro de la asociación ilícita para concretar las estafas contra bancos y productores.

>Con el mismo apellido, en la lista se incluyen Sergio Roberto Vicentin y Pedro Germán Vicentin, ambos apuntados por 49 hechos delictivos que van desde la integración de una asociación delictiva y estafas hasta administración fraudulenta.

>En la nómina también hay personas bajo cargo de diversas maniobras para diluir el rastro de los delitos antes y una vez que Vicentin cayó en desgracia.

>Por ejemplo, Eduardo Harnan, socio de la firma KPMG a quien le atribuyen utilizar una firma con reconocimiento internacional para dar mayor credibilidad a los balances anuales de Vicentin con cierre a octubre de 2017 y 2018, confeccionados con datos adulterados y omisión del abultado pasivo.

>Sobre los ex síndicos Ernesto Norberto García, Carlos Julio Amut y Diego Oscar Telesco, los fiscales van por el delito de encubrimiento de los protagonistas de las estafas, y piden agravar condena por su carácter de funcionarios públicos en el momento de los hechos.