Entre los puntos cuestionados, mencionaron la restitución de la declaración informativa y del interrogatorio policial en los primeros momentos de la investigación, la eliminación de la presencia obligatoria del defensor durante la declaración del acusado, la habilitación de allanamientos automáticos por secuestro de armas en la vía pública y el derribo de inmuebles por orden fiscal.

“Nos retrotraen a épocas donde imperaba el terrorismo de Estado”, señalaron desde los organismos, al tiempo que denunciaron un avance para “legalizar las llamadas tareas de inteligencia”, a las que definieron como mecanismos de espionaje que afectan derechos vinculados a la libre expresión y la protesta social.

En el documento, también afirmaron que la situación de violencia en los barrios más vulnerables “no se soluciona con más violencia”, sino con políticas públicas destinadas a reducir la desigualdad, fortalecer la inclusión y garantizar mayor presencia estatal.

Finalmente, reclamaron mayor presupuesto para comedores, clubes de barrio, centros culturales y programas de inclusión social, y cerraron el comunicado con la consigna: “No a la pérdida de derechos. Ni un paso atrás. Ni un pibe menos”.

El texto fue firmado por la Mesa de Organismos de Derechos Humanos Rosario, junto a entidades como H.I.J.O.S. Rosario, Abuelas de Plaza de Mayo filial Rosario, APDH, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y Familiares de Detenidos Desaparecidos y Presos Políticos Rosario, entre otras organizaciones.

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