>Casualmente el actual ministro de Economía, Luis Caputo, era ministro de Finanzas al momento de tomar esa deuda. También fue parte de la operación el hoy ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, entonces titular del Banco Central, quien luego fue reemplazado en ese cargo por el propio Caputo.

DECRETO DE MILEI
La medida fue oficializada mediante el decreto 87/2026, publicado ayer en el Boletín Oficial, con las firmas de Milei y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

>En sus considerandos, se argumenta que la Procuración actuó de forma excepcional en el proceso penal y que su intervención en causas penales no forma parte de su especialidad técnica.

>La causa había sido iniciada en 2021, cuando durante el gobierno de Alberto Fernández se instruyó a la Procuración del Tesoro a “iniciar las acciones conducentes al recupero de los eventuales daños y perjuicios emergentes” provocados por los 44.500 millones de dólares otorgados al gobierno de Macri, la mayor deuda de la historia de ese organismo internacional.
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La denuncia pretendía establecer si existieron los delitos de “violación de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de fondos públicos, administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”.

>La decisión echar por tierra la participación del Poder Ejecutivo en ese reclamo fue tomada luego de que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 archivara la causa. La jueza María Eugenia Capuchetti concluyó que los hechos denunciados no constituían delitos sino discrepancias con decisiones de política económica.

>Según el texto oficial que retira al Poder Ejecutivo de la querella, el Ministerio Público Fiscal es el órgano competente para impulsar la acción penal, con independencia funcional y especialización en investigaciones penales complejas, y que su rol debe ser preservado frente a posibles interferencias.

>El decreto establece también que el cese de la querella no implica que el Estado Nacional renuncie al reclamo por daños y perjuicios, ya que la acción civil podrá continuar en los términos procesales correspondientes.

>Causa archivada y apelación>
A pesar de la maniobra del Gobierno, el pasado lunes, la jueza Capuchetti había archivado la causa y el fiscal Franco Piccardi apeló la medida.

>“Los hechos investigados afectan de manera directa a la comunidad en su conjunto y al propio sistema democrático”, argumentó el fiscal en su presentación ante la Justicia.

>Piccardi señaló que la toma de deuda con el FMI no es una acción vinculada a “decisiones de políticas públicas de un gobierno determinado, las cuales deben mantenerse al margen de la judicialización cuando no involucren actividad ilícita alguna”, sino que en el acuerdo se puede “observar y reconstruir un posible entramado delictivo muy tangible”.

>El fiscal recordó que hubo:
>Una violación de normativa a la que se encontraban obligados como funcionarios públicos para la toma de deuda pública;

Falsedades en torno al destino y uso de los fondos solicitados al FMI;>
 Administración ruinosa de los fondos obtenidos, generando una deuda insostenible para el beneficio de un reducido grupo privado concentrado con posibles relaciones y/o vínculos con los decisores públicos;

Administración arbitraria y discrecional que imposibilitó el control de la trazabilidad de los fondos obtenidos la generación de perjuicios cuantificables e incuantificables para la administración pública y la sociedad en general.

>Fuente página 12

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